Desafíos en el aula

Si hay un punto en el que todos los sectores de la vida nacional parecen estar absolutamente de acuerdo es el que se refiere a la necesidad de fortalecer la educación y, sobre todo, de incrementar los recursos que se destinan a su financiamiento. A la hora de las declaraciones formales y de la enunciación de buenos propósitos, toda la dirigencia suele coincidir en que es urgente brindarle al sector educativo el mayor apoyo presupuestario que resulte posible.

Eso explica el beneplácito general con que ha sido recibido el proyecto de ley por el cual se establece que el presupuesto educativo consolidado del gobierno nacional, del conjunto de las jurisdicciones provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires deberá ser incrementado, en el curso de los próximos cinco años, en 9000 millones de pesos o en una suma tal que el gasto destinado al sector se eleve, progresivamente, hasta llegar al 6% del Producto Bruto Interno (PBI).

Se trata de una propuesta de extraordinaria importancia para el destino de la Nación. No sólo por el impulso efectivo que se le intenta dar al sistema de enseñanza -fundamental, como tantas veces se ha dicho, para el progreso y el desarrollo de la República- sino también como señal del valor simbólico que los argentinos le estamos otorgando a la celebración del bicentenario de la patria. Pero esa meta no es un punto de llegada sino una base para emprender acciones esenciales para garantizar una educación para todos, que incluya especialmente a los sectores más postergados entre los beneficiarios de una educación de calidad.

La extensión del tiempo escolar, la ampliación de la cobertura del jardín de infantes, el afianzamiento de experiencias como las de aprendizaje en servicio -entre otros temas desarrollados en este suplemento-, constituyen desafíos impostergables para llegar a una enseñanza de calidad para todos, meta que el país debe fijarse sin divisiones.

Al fijar la meta de un presupuesto educativo que no sea inferior al 6% del PBI, el proyecto elaborado por el equipo que conduce el ministro Daniel Filmus pretende situar a la Argentina entre las naciones que privilegian el desarrollo de su capital humano como requisito estratégico para su crecimiento estructural.

Pero si el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Senado constituye un paso hacia la recuperación del sector educativo, no menos importante será que el país entero se comprometa a que la ley, una vez sancionada, sea cumplida en todos sus términos. Decimos esto porque hay antecedentes que hacen surgir dudas sobre la coherencia entre aquello que los argentinos proclamamos y sancionamos enfáticamente en un determinado momento y los hechos que más tarde somos capaces de producir.

No está de más recordar, en ese sentido, que en 1993 se sancionó la ley 24.195, que en su artículo 61 establecía ya para el financiamiento educativo un monto presupuestario equivalente al 6% del PBI. La incorporación de esa cláusula se debió, en aquel momento, a una iniciativa del senador por Corrientes José Antonio Romero Feris. Pero ese punto nunca fue cumplido y el presupuesto educativo siguió estando notoriamente por debajo del 6% del PBI.

El país debe reflexionar sobre estas cuestiones no para atribuir culpas o responsabilidades ni para formular reproches por los incumplimientos del pasado. Se trata ahora de avanzar con firme determinación hacia adelante. Todo indica que ha sonado, por fin, la hora de la gran reconstrucción del sistema educativo. Está trazado el camino: sólo falta la inquebrantable voluntad de recorrerlo hasta el fin.

Por Bartolomé de Vedia

De la Redacción de LA NACION