Aulas sin celulares

La ley provincial que prohíbe el uso de teléfonos celulares en el horario escolar concita opiniones divergentes. Las voces de padres, directivos y especialistas.

"Má, te corto porque estoy en clases. No, no sé nada... Te corto que estoy en clases. Te corto, chau". Otra vez, suena el ringtone. "íMá, te dije que estoy en clases!". Sucedió en una cátedra de un secundario local. La misma institución donde otra docente, antes de tomar examen, retiró 33 teléfonos móviles de un curso de 30 adolescentes.

La máxima del mal uso de estos aparatos en el ámbito escolar se vivió hace un par de meses en la ciudad chubutense de Esquel. Cuatro alumnos de 9no. año de EGB de un colegio salesiano fueron sancionados con 21 faltas, por haber fotografiado mediante sus celulares, los "traseros" de sus maestras y haber publicado esas imágenes en Internet.

La provincia de Santa Fe prohibió por ley el uso de celulares durante los horarios de dictado de clases. La norma, sancionada por la Legislatura hace un par de semanas, alcanza no sólo a los alumnos sino también al personal docente y no docente.

Para el rector del Colegio La Salle, Pascual Alarcón, no era necesaria una ley. "Me parece que en el marco de la educación, nos corresponde enseñar el uso correcto del celular. Lamento que sea necesario legislar para prohibir esta práctica", eñaló.

La mayoría de las instituciones educativas cuentan con medidas internas -expresas o implícitas- para frenar la mala utilización de estos aparatos. En algunos casos, como el del Inmaculada, se les permite traer los móviles sólo a los alumnos que viven lejos. Ellos pueden dejárselo al preceptor, apagado, y pedírselo al término de la jornada escolar. El resto, en teoría, no debería llevar los celulares a la escuela, pero lo cierto es que muchos los tienen escondidos en sus mochilas y aprovechan el recreo para usarlos.

Factor de distracción

Los detractores del celular en la escuela alegan que suele ser un factor de distracción en el proceso de aprendizaje. Los chicos hablan entre ellos de un curso a otro o de un colegio a otro y están pendientes de los mensajes de texto portadores de jugosos chismes, mientras el profesor se esfuerza por dictar un contenido. Ni hablar de que son usados para copiarse durante los exámenes, mediante la activación del vibra-call (modo silencioso).

"Pedagógicamente, estar pendiente del celular interrumpe las clases, los saca de tema. Por eso, les decimos a las chicas que no incorporen todo lo que la sociedad de consumo impone; fomentamos la crítica entre las alumnas a todo lo que se pone de moda y que no es de primera necesidad", indicó María Ester Raviolo, directora de EGB del Calvario.

Una publicidad de una empresa de telefonía móvil difundida por televisión muestra a un animador de fiestas infantiles disfrazado de pingüino, entreteniendo a varios nenes. Suena el celular, se saca la máscara, habla con un amigo y todos los pequeños quedan absolutamente desilusionados. Culmina con un slogan que reza: "Que la comunicación no nos incomunique".

Manassero hizo referencia a ese spot televisivo y sostuvo que usar celulares durante la clase, "más que favorecer la comunicación, la perjudica. La gente no se da cuenta del daño y la interferencia que provoca".

Discriminación

La tesis de que el uso del celular es una herramienta fundamental para que los padres sepan qué hacen y dónde están sus hijos, fue superada por la moda. "Hoy, los adolescentes de menos recursos tienen los celulares más caros, con cámara y otros implementos. La mayor o menor tecnología del celular es un nuevo elemento de discriminación entre ellos, tanto o más que la marca de vaquero o de las zapatillas", dijo la directora del Domingo Silva.

Desde las escuelas advirtieron, además, que sigue en vigencia el viejo sistema de sacar al chico del aula si el padre llama para comunicar alguna urgencia, lo que hace innecesario el celular dentro del recinto educativo.

De todas formas, De Paoli destacó que, ante familias de padres ocupados, la telefonía móvil se convirtió en un instrumento de control de los hijos. Dónde estás, cuándo llegás, que estás haciendo, son preocupaciones que los padres pueden disipar de inmediato por medio del teléfono. Pero advirtió que "nos falta internalizar" el apagado del aparato en momentos importantes, como una clase, conferencia, reunión o celebración religiosa.

Dialogar más que prohibir

Alejandra Gauna, vicedirectora de primaria del Almirante Brown, tampoco considera necesaria una ley. "Si uno habla con los chicos, les explica el porqué del no uso y sabe llegar a ellos, no hace falta una prohibición radical. Si hay un buen diálogo, las cosas se logran mejor que imponiéndolas", señaló.

Una visión positiva de la tecnología

Una corriente considerada por los expertos -aunque no muy estudiada- advierte que el teléfono celular puede convertirse en una herramienta motivadora para el aprendizaje.

"El celular crea nuevos códigos de comunicación ¿Por qué no usarlos para enseñarles a los alumnos a redactar bien? Los adultos no estamos familiarizados con las nuevas tecnologías y no sabemos aprovecharlas como lo hacen los chicos. Entonces, ante el temor, legislamos", opinó Pascual Alarcon, máxima autoridad del colegio La Salle.

Quevedo recordó, a modo de ejemplo, un concurso en el que estudiantes de cine debían presentar un video de un minuto grabado con su equipo de telefonía móvil. El sociólogo codirigió un reciente estudio sobre consumos culturales realizado por la Secretaría de Medios de la Presidencia de la Nación.

Otro argumento

en contra apunta a que la telefonía móvil proporciona la posibilidad de esquivar la autoridad escolar. "A veces, los chicos se comunican directamente con las familias o algún hermano mayor para que los vengan a buscar porque están descompuestos, sin pasar por dirección. Llega el padre acá y no sabemos nada, cuando es importante atenderlos primero en la escuela y evaluar la gravedad del caso, porque a veces son caprichos", esgrimió Alejandra Gauna, vice del Brown.

Mariela Goy

Desafíos en el aula

Si hay un punto en el que todos los sectores de la vida nacional parecen estar absolutamente de acuerdo es el que se refiere a la necesidad de fortalecer la educación y, sobre todo, de incrementar los recursos que se destinan a su financiamiento. A la hora de las declaraciones formales y de la enunciación de buenos propósitos, toda la dirigencia suele coincidir en que es urgente brindarle al sector educativo el mayor apoyo presupuestario que resulte posible.

Eso explica el beneplácito general con que ha sido recibido el proyecto de ley por el cual se establece que el presupuesto educativo consolidado del gobierno nacional, del conjunto de las jurisdicciones provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires deberá ser incrementado, en el curso de los próximos cinco años, en 9000 millones de pesos o en una suma tal que el gasto destinado al sector se eleve, progresivamente, hasta llegar al 6% del Producto Bruto Interno (PBI).

Se trata de una propuesta de extraordinaria importancia para el destino de la Nación. No sólo por el impulso efectivo que se le intenta dar al sistema de enseñanza -fundamental, como tantas veces se ha dicho, para el progreso y el desarrollo de la República- sino también como señal del valor simbólico que los argentinos le estamos otorgando a la celebración del bicentenario de la patria. Pero esa meta no es un punto de llegada sino una base para emprender acciones esenciales para garantizar una educación para todos, que incluya especialmente a los sectores más postergados entre los beneficiarios de una educación de calidad.

La extensión del tiempo escolar, la ampliación de la cobertura del jardín de infantes, el afianzamiento de experiencias como las de aprendizaje en servicio -entre otros temas desarrollados en este suplemento-, constituyen desafíos impostergables para llegar a una enseñanza de calidad para todos, meta que el país debe fijarse sin divisiones.

Al fijar la meta de un presupuesto educativo que no sea inferior al 6% del PBI, el proyecto elaborado por el equipo que conduce el ministro Daniel Filmus pretende situar a la Argentina entre las naciones que privilegian el desarrollo de su capital humano como requisito estratégico para su crecimiento estructural.

Pero si el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Senado constituye un paso hacia la recuperación del sector educativo, no menos importante será que el país entero se comprometa a que la ley, una vez sancionada, sea cumplida en todos sus términos. Decimos esto porque hay antecedentes que hacen surgir dudas sobre la coherencia entre aquello que los argentinos proclamamos y sancionamos enfáticamente en un determinado momento y los hechos que más tarde somos capaces de producir.

No está de más recordar, en ese sentido, que en 1993 se sancionó la ley 24.195, que en su artículo 61 establecía ya para el financiamiento educativo un monto presupuestario equivalente al 6% del PBI. La incorporación de esa cláusula se debió, en aquel momento, a una iniciativa del senador por Corrientes José Antonio Romero Feris. Pero ese punto nunca fue cumplido y el presupuesto educativo siguió estando notoriamente por debajo del 6% del PBI.

El país debe reflexionar sobre estas cuestiones no para atribuir culpas o responsabilidades ni para formular reproches por los incumplimientos del pasado. Se trata ahora de avanzar con firme determinación hacia adelante. Todo indica que ha sonado, por fin, la hora de la gran reconstrucción del sistema educativo. Está trazado el camino: sólo falta la inquebrantable voluntad de recorrerlo hasta el fin.

Por Bartolomé de Vedia

De la Redacción de LA NACION

Video: Entrevista sobre la violencia escolar

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Noticias: aulas violentas

Son denuncias recientes. Sus carátulas: "Maltrato y amenazas de la autoridad escolar a padres de la cooperadora"; "Alumno libre por faltas y conducta. Según la madre: falso"; "Maltrato de autoridad a alumna y padre"; "Supuestas amenazas de muerte de parte de un ordenanza de una escuela a miembro de cooperadora".

¿No eran los chicos los violentos? Este catálogo de acusaciones, registrado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, muestra que los adultos también deben dar explicaciones. ¿Existe un cortocircuito entre padres y docentes? Datos de una encuesta privada, consultas a personas involucradas en conflictos, expertos en educación y noticias recientes indican que sí. Los casos extremos saltan a la vista: "Un padre golpeó a una maestra y la amenazó con volver armado", tituló Clarín el 17 de mayo, sobre un incidente en Mendoza. El jueves pasado, la agencia DyN captó otro episodio: "En Misiones, un padre agredió al director de una escuela en una reunión sobre violencia escolar". Hace seis meses, una profesora fue golpeada por una mamá y terminó con un edema cerebral (ver "Terapia intensiva", pág. 37). Casos menos escandalosos, pero que ocurren a diario, comienzan a ser percibidos en los trabajos de investigación. Una encuesta realizada en la Universidad de Buenos Aires durante el seminario "Violencia en las escuelas. Docentes, alumnos y padres en conflicto", descubrió que uno de cada 10 hechos violentos "se desarrolla entre padres y docentes". Es un dato novedoso, que se agrega al esquema más frecuente de violencia en las escuelas, donde seis de esos 10 incidentes se dan entre alumnos y el resto, entre docentes y alumnos. Las formas que adquiere esa violencia son un llamado de atención:

· El 76 por ciento de los casos toma la forma de violencia verbal y física.

· El 24 por ciento restante es violencia psicológica y simbólica, expresada en amenazas, malicia, acoso o discriminación. "Hay un descreimiento hacia el ámbito educativo, de padres que parten de prejuicios y dicen: 'eso a mi hijo nunca le va a pasar, así que no participo'. La escuela está desprestigiada para transmitir un saber, un consejo. Sumado a que el contexto social es sumamente adverso, de muy poca contención para la familia, se dan situaciones donde se detona la salud mental de esos padres, que pasan a considerar al docente como un enemigo", explica el psicoanalista Fernando Osorio, responsable del estudio y autor del libro "Violencia en las escuelas". Según ese análisis, que tomó en cuenta el testimonio de 1.500 docentes, "se han incrementado los conflictos entre familia y escuela". El 90 por ciento de los entrevistados señaló un motivo: que las nuevas conformaciones de la familia moderna (hogares con un solo padre, familias ensambladas y otras) "no han podido provocar cambios en las políticas y estrategias pedagógicas implementadas por el sistema educativo actual". Pero hay más:

· El 85 por ciento de los docentes señala que los conflictos familiares se perciben luego en la conducta de los alumnos.

· El 75 por ciento afirma que el Estado no los capacita bien en el tema violencia.

· El 38 por ciento de los encuestados dice haber sido víctima de agresiones verbales por parte de algún alumno. Juan Otero, director de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social del gobierno bonaerense, considera que "la educación ha entrado en una crisis profunda en cuanto a la relación familia-escuela" y que el "vaciamiento pedagógico que sufrió la institución escolar" en los '90 fue nocivo. "Hay que trabajar mucho con los padres, porque aparecen situaciones donde los docentes son interpelados verbalmente y no son respetados. Hoy es imprescindible restituir la autoridad del docente y recomponer los enlaces entre la familia y la escuela, a través de estrategias comunitarias, donde los padres puedan sumarse", sostiene el funcionario. Otero acepta que los rituales de convocatoria a los padres que hacen las escuelas, a los actos, a las reuniones, se han quedado en el tiempo, con la idea de la vieja familia nuclear. Aclara, sin embargo, que no es lo más grave: "Hoy, el mayor error social es pensar que los chicos que agreden o rompen un aula son sujetos peligrosos y deben ser marginados, cuando son los adultos los que no están devolviendo una imagen confiable y los que fabrican a diario un contexto hostil, de violencia en el hogar, el tránsito, en el vocabulario. Esto es rechazado por los adolescentes y fomenta violencia". Para redondear su idea, Otero descubre otro aspecto del problema: "Si tiramos bien del hilo, se ve claramente que detrás de un alumno involucrado en un hecho de violencia, siempre, pero siempre hay un derecho que en algún momento no le han respetado". Los niños, dice la ley argentina, tienen derecho a la educación en condiciones de igualdad, a un nivel de vida adecuado y a espacios educativos que le permitan desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental al máximo de sus posibilidades. La realidad contradice ese mundo ideal. La falta de gas en más de 100 escuelas porteñas y bonaerense en el mayo más frío de las últimas décadas, la existencia de letrinas en vez de inodoros en escuelas de clase baja y media urbana, la insuficiente cantidad de profesionales que atienden el problema de las agresiones en el aula (hay 219 personas en los Equipos de Orientación Educativa para un total de 231.980 alumnos), el peregrinaje de 4.000 alumnos "derivados" a escuelas que están lejos de sus hogares, la discriminación escondida contra chicos repetidores y la desigualdad entre los establecimientos más pobres y los más confortables, pintan un paisaje que, a juicio de los especialistas, no ayuda a atenuar la violencia. "No es un contexto amigable para desarrollar experiencias de acercamiento", señala el defensor del pueblo adjunto de la Ciudad, Gustavo Lesbegueris, quien en los dos meses que van del actual ciclo lectivo ya registró igual cantidad de denuncias por violencia que en todo el año 2002. Hablan de agresiones entre chicos y disputas entre adultos (ver infografía, pág 37). Tanto la encuesta de Osorio, como la estadística oficial de denuncias, son indicadores parciales de la situación. "Tiene que quedar claro: la escuela no es un desastre a nivel de violencia y que no es tan seguro que haya más que antes", advierte la pedagoga Inés Dussel, coordinadora de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Testigo de las peleas que sus compañeros tenían todos los viernes con alumnos de otros colegios, durante su adolescencia, Dussel interpreta hoy que el tema está más visible a los ojos de la sociedad. Admite sí que existe una "confusión de roles" entre la familia y la escuela: "La familia le demanda más a la escuela, se pone en posición de cliente, va a la Justicia si sus hijos no pasan de grado, algo que sólo debería ocurrir cuando hay derechos vulnerados; y la escuela exige que la familia acompañe más, que vaya a los actos, ponga más plata y refuerce el sostén pedagógico". "Además, la escuela sigue esperando encontrarse con la familia tipo del otro lado y hasta se enoja cuando padres sobreocupados faltan a una reunión", describe la investigadora, al tiempo que propone que haya "más flexibilidad desde los dos lados, voluntad para acercar e incluir al otro". El año pasado, los equipos de Asistencia Socio Educativa de la Ciudad realizaron 4.585 intervenciones. Entre los casos más significativos, hubo 600 intervenciones por problemas de convivencia en la escuela, 563 por cuestiones socio-familiares, 237 por violencia familiar, 101 por drogas, 31 por autoagresión (categoría relativamente nueva, referida a las marcas en el cuerpo, como ciertos tatuajes, piercing, etc.) y seis por problemas de portación ilegítima de armas o drogas. Son los problemas que cruzan a toda la sociedad, registrados en un ámbito que está pensado para que los chicos aprendan a convivir, en su difícil tránsito hacia la adultez.

Pablo Calvo.

03 de Junio de 2007 pcalvo@clarin.com